Votar cada cuatro semanas
Imaginemos un país que se organice tal y como decidan sus habitantes, en el que cada ciudadano tenga el derecho de establecer leyes y presupuestos, donde la función de los políticos sea únicamente la de gestionar que esas directrices se cumplan. Es lo que propone la democracia participativa. Su aplicación, tachada en ocasiones de utópica, plantea muchos debates y los últimos intentos han dado resultados cuanto menos polémicos. Aun así, el interés por la propuesta participativa aumenta. La crisis y la corrupción han provocado que la ciudadanía desconfíe de la clase política y demande más participación. Algunas de estas propuestas ya se están poniendo en práctica en Valencia.
Se puede diferenciar entre dos grandes modalidades de democracia. Una democracia participativa, en la que los ciudadanos forman parte activa de la toma de decisiones, o una democracia representativa, donde unos representantes toman las decisiones en nombre de quienes los han elegido. Así lo explica Joaquín Marco, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera, “las democracias modernas son representativas porque el número de personas que formamos parte del cuerpo electoral imposibilita que podamos tener reuniones para tomar decisiones”.
Aunque vivamos en una democracia representativa, existen mecanismos que, puntualmente, pueden permitir la participación. Las elecciones en sí mismas son un mecanismo de participación, destinado a la selección de unos representantes. Además, constitucionalmente, existen dos formas de intervenir: el referéndum y la iniciativa legislativa popular. El referéndum es el procedimiento jurídico por el que se
somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Puede ser consultivo o vinculante, dependiendo del grado de obligatoriedad de cumplimiento que su resultado imponga al gobierno que lo convoque. El otro mecanismo, la iniciativa legislativa popular, plantea la posibilidad de que los ciudadanos presenten textos para que se tramiten como leyes.
Nuestra Constitución establece muy pocos referendos vinculantes, solo para la reforma del texto constitucional o para la reforma y aprobación de los estatutos de autonomía. El resto de referendos serían consultivos, con ellos los poderes públicos consultan a los ciudadanos para saber su opinión. Políticamente hay una vinculación, pero jurídicamente nada impediría que no se siguiera el planteamiento obtenido. “Eso no solamente pasa en España, es así en la mayor parte de los países, con los referendos simplemente se pulsa la voluntad de la ciudadanía”, matiza Marco.
El principal problema de los sistemas de participación ciudadana es el elevado coste de realizar una consulta. Una solución podría venir por vías tecnológicas, que permitirían ahorrar costes y tener la posibilidad de hacer referendos con mayor frecuencia. El problema de los referendos online es doble. Por un lado, el espectro de personas que no tienen acceso a la tecnología y que acabarían por no estar nunca representadas. Es un sector poblacional cada vez menor, pero muy identificado con la tercera edad. El segundo problema es el de asegurar que los datos son los correctos y que no hay ningún tipo de pirateo.
Garantizar que el voto digital sea libre, directo y secreto no es tarea fácil. En general, ningún sistema informático es 100% seguro, y el voto online no es una excepción. David Ruescas lo sabe bien, es investigador en sistemas de voto criptográficamente seguros y democracia digital y trabaja como ingeniero responsable de I+D en nVotes, empresa que desarrolla software para votaciones on-line. Lo que sí es posible, explica Ruescas, es tomar todas las medidas necesarias para llegar a un nivel de garantías razonable según las circunstancias particulares de cada votación. Normalmente esto se logra aplicando técnicas criptográficas desarrolladas durante los últimos 30 años de investigación en el ámbito académico. A los sistemas construidos en base a estas mejoras en privacidad y verificabilidad se les conoce con el nombre de sistemas verificables de extremo a extremo. En su empresa prestan mucha atención a la accesibilidad y trabajan en diseños de interfaces e interacciones que sean lo más amigables posibles para todo tipo de usuarios. “No obstante”, reconoce Ruescas, “la brecha digital es un problema que no tiene solución definitiva en muchos casos. Por eso recomendamos a nuestros clientes la posibilidad de hacer votaciones híbridas con voto presencial y así facilitar el voto para electores que puedan tener dificultades con las nuevas tecnologías”.
El interés creciente por las opciones participativas llega muy ligado al momento de crisis y corrupción política en el que estamos inmersos. Si el sistema fracasa no es tanto porque falten mecanismos de democracia participativa sino porque esa carencia se nota más cuando parece que la democracia representativa no está funcionando. Marco considera que “lo conveniente en esta coyuntura política es que la democracia representativa no pierda su esencia. El problema de los últimos años, lo realmente grave es la frase del “no nos representan”. Cuando el ciudadano dice que no le representan la piedra angular de la democracia representativa está
fallando y solo quedan dos opciones, o reformarla y conseguir que funcione de nuevo, o buscar las vías alternativas que ofrece la democracia participativa. Marco
cree que “la solución a corto plazo pasa por restaurar una democracia representativa en la que el ciudadano se sienta realmente identificado. Eso requiere una labor dentro de los partidos políticos, una labor entre los grupos parlamentarios de dialogo, no de imposición, y un intento de buscar aquello que la ciudadanía está demandando. Al final la ciudadanía elige a sus representantes y no podemos convencernos de que los ciudadanos no quieren lo que tienen”.
Consejos consultivos, consejos de pueblo, audiencias públicas, presupuestos participativos, comisiones de seguimiento, agendas 21, referéndums, consultas ciudadanas o encuestas deliberativas. Son algunas de las fórmulas que se han promovido en los últimos años desde las administraciones para implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Parten del planteamiento de que los ciudadanos son los mejores conocedores de sus problemas y, por lo tanto, pueden tomar parte en las decisiones públicas que les afectan, logrando una mayor correspondencia entre las decisiones políticas y las necesidades inmediatas de los ciudadanos.
La principal administración promotora de estas prácticas ha sido la administración local. Gracias a la cercanía existente entre los ciudadanos en el ámbito local, y gracias a las relaciones más personales que pueden establecerse entre ellos y sus dirigentes, los instrumentos de la democracia participativa pueden desarrollarse con mayor facilidad.
En Valencia, desde la Generalitat se están poniendo en marcha una
serie de herramientas para facilitar que los vecinos participen. Zulima Pérez, Secretaria Autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, tiene claro por dónde empezar, “la transparencia es la base para una participación no manipulada, transparencia y participación son un binomio fundamental para volver a recuperar la confianza entre los ciudadanos y los gobiernos”.
Una de las propuestas que mejor acogida ha tenido son las subvenciones a entidades para poner en marcha proyectos que fomenten la participación, donde el número de solicitudes presentadas ha sido mayor de lo que se esperaba. Muchas de las propuestas solicitan la subvención para desarrollar presupuestos participativos, “los municipios están poniendo sobre la mesa el valor de que los ciudadanos puedan participar en una parte del presupuesto eligiendo donde invertir”, explica Pérez.
El asociacionismo es otra de las formas de participación en las que está trabajando la Generalitat. Fomentar la creación de asociaciones fuertes, de redes y federaciones; que se reúnan y a través de un interlocutor se relacionen directamente con el gobierno autonómico, es una forma efectiva de lograr un contrapoder. Respecto a la posibilidad de lanzar una consulta a los valencianos Pérez reflexiona sobre uno de los problemas de la democracia directa, la cantidad de gente que participa. Y concluye, “es necesario preguntarse si se puede valorar de la misma manera el voto de una asociación que el del ciudadano particular. Esa es una cuestión que tenemos que solucionar, porque la participación directa también es muy importante, pero hay que ver de qué manera se realiza”.
